Alejandra Aramayo: La diabla predicadora

El pasado incongruente de la legisladora que propone limitar la libertad de expresión de los corruptos. La realidad de los chantajes en provincias. Los cuatro valientes. Pruebas duras. ¿Qué se puede hacer?

LA CONGRESISTA. Pruebas duras en su contra. Más allá de su derecho a legislar, ha perdido credibilidad para predicar contra la corrupción en los medios.

LA CONGRESISTA. Pruebas duras en su contra. Más allá de su derecho a legislar, ha perdido credibilidad para predicar contra la corrupción en los medios..

Ricardo Uceda

La motivación que tuvo el periodista Carlos Chisán Orihuela para escribir Los Zarpazos del Gato, en 2004, está explicada en las primeras páginas del libro: “La ciudad, de vida tranquila y sencilla —se refiere a Puno— fue capturada por una gavilla de seudo periodistas que han puesto entre la espada y la pared a diversas autoridades y personajes notables”. A continuación, Chisán describe el encumbramiento de Jorge Aramayo, conocido como ‘El Gato’, desde tramitador de documentos en 1970, en la Universidad del Altiplano, hasta gerente de la filial en Puno de América Televisión. Desde esta posición, usando el periodismo como arma de chantaje, se convirtió en aliado o enemigo de las autoridades regionales.

Los que aceptan

El tipo de periodismo que practicaba Aramayo es moneda corriente en muchos lugares del Perú. Desde una radio, diario, o estación de televisión, el mensaje informativo es adulador para quien ha pagado publicidad, o agresivo si los anuncios demoran o se han rechazado. Esto lo saben perfectamente las autoridades y el resto del periodismo. En un conversatorio organizado por el IPYS en 2008, con periodistas y algunos presidentes de región, estos dijeron que su principal problema en la relación con los medios era el chantaje como forma de obtener publicidad. La negativa implicaba recibir ataques.

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Un sector de las autoridades se resiste al chantaje y afronta las consecuencias pero en contadas ocasiones se animan a denunciarlo ante la fiscalía. Esto se considera difícil porque el caso debe contener evidencias, que no siempre existen. Por otra parte, no es infrecuente que el periodista o dueño del medio chantajista tenga excelentes relaciones con el sistema judicial. A veces, porque algún juez está sometido a presión.

Videos íntimos

— ¿Cómo creen que obtengo los anuncios judiciales? —preguntó el dueño de un medio de una importante ciudad peruana durante una conversación off the record con periodistas del IPYS que hacían un informe sobre publicidad estatal—. Tengo el video del presidente de la Corte Superior ingresando a un hotel con una mujer.

Cuando las autoridades se someten al chantaje se cierra un círculo vicioso en el que ellas roban mientras la mayor parte de la prensa regional aplaude o mira hacia otro lado. En ocasiones la compra de medios es una iniciativa de la autoridad. Para una autoridad corrupta tener bajo sueldo a la prensa es el mejor de los mundos. Una gran fuente de experiencias son las trece autoridades regionales presas —nueve de ellas con sentencia— que existen en el Perú.

Puno fue un caso especial por el control que tuvo Jorge Aramayo de la filial de América TV, un período que abarcó desde los años noventa hasta el 2004, cuando un reportaje de Augusto Thorndike en La Boca del Lobo, de César Hildebrandt, obligó a la televisora a despedirlo. En la nota se muestra, precisamente, el video de una autoridad judicial en trances amorosos. Estaba en el archivo fílmico de Aramayo.

Cuatro gatos

La importancia del trabajo de Chisán reside, por un lado, en la minuciosa documentación de las operaciones corruptas de ‘El Gato’, a partir del testimonio de autoridades públicas que se decidieron a denunciar, contra lo que hacía la mayoría de chantajeados. También es importante porque revela la experiencia de quienes se atrevieron a denunciarlo. Uno de ellos, Alfonso Ureta, ex gerente de Essalud en Puno, resolvió aceptar que sus funcionarios hicieran una colecta para poder pagar a Aramayo, ante los ataques a la institución.

Otro, Etchmer Tito Reátegui, ex director del Instituto Peruano del Deporte en Puno, soportó ataques calumniosos por no haber querido ceder un coliseo para una actividad privada de Amarayo. Freddy Aza Morales, ex gerente del Comité Transitorio de Administración Regional, fue calumniado por negarse a pagar una factura por servicios inexistentes. El denunciante con mayor persistencia fue Edwin Barra, quien luego de aportar pruebas indubitables de la extorsión de la que fue víctima, litigó inútilmente más de diez años. El Poder Judicial, en 2010, declaró que los delitos habían prescrito.

Años de lucha

La protagonista principal de la historia de Barra es la actual congresista Alejandra Aramayo, quien era la operadora periodística de su padre. El 13 de julio del 2000 se presentó en sus oficinas del Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), que dirigía, para exigirle el pago de una factura por servicios no prestados. Ante su negativa, Barra dice haber recibido amenazas que se concretaron a los pocos días, cuando la reportera anunció en la televisión que Puno consumía truchas con excremento por culpa del PELT. A continuación el funcionario fue víctima de numerosas acusaciones, que incluían malversación de fondos, nepotismo y otras, por las que fue investigado hasta el 2004. Cuando quedó limpio de polvo y paja, decidió emprenderlas contra los chantajistas: Aramayo y su hija.

Aquí comenzó otra historia, que muestra el grado de impunidad que pudo obtener un periodismo de este tipo en el Poder Judicial. Los Aramayo no acudieron a las citaciones mientras Barra seguía siendo víctima de ataques por la televisión. Las denuncias de Ureta, Tito y Aza tampoco avanzaron. Un número indeterminado de otros denunciantes vieron morir sus acciones legales, una a una, por la indiferente actitud judicial.

La predicadora

La congresista Alejandra Aramayo podría tener responsabilidad en todo lo que fue acusada —se le atribuye distinto grado de participación— y al mismo tiempo asegurarse altas calidades para sus proyectos de leyes. Pero las pruebas mostradas en La República y en Cuarto Poder son muy contundentes como para que continúe predicando. Tiene derecho a hacerlo, solo que sin credibilidad. El pobre proyecto de ley para limitar la libertad de expresión de los corruptos está teniendo una agonía interminable.

Por otro lado está el tema de la corrupción en la prensa. Las formas actuales en las que puede presentarse en el interior del país son distintas a las que ocurrirían en medios capitalinos. En Lima, por lo menos, los medios con mayor trayectoria tienen protocolos, y las situaciones controversiales pueden dar lugar a una discusión abierta. En lugares importantes del país no hay reglas y el tema no se discute.

La solución no pasa, por supuesto, por hacer leyes desde el Congreso, sino por institucionalizar cada vez más el profesionalismo en la prensa de las provincias, aislando a los líderes de las malas prácticas y manteniendo lejos a los patrocinadores del activismo inveraz, especialmente desde las redes. También se requieren medios más fuertes, con capacidad de rechazar propuestas publicitarias que no solo desean un anuncio para sus productos, sino comprar los mensajes informativos. 

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