Orellana aduce falta de pruebas para librarse del caso cartas fianzas

Estrategia. Pese a que Fiscalía acreditó que su red criminal creó cooperativas para avalar obras públicas ilegalmente.

Pena. Fiscal pide 12 años de prisión para Rodolfo Orellana

Pena. Fiscal pide 12 años de prisión para Rodolfo Orellana.

Al acercarse la fecha de la sentencia por el caso de las cartas fianzas emitidas por su red criminal, el empresario Rodolfo Orellana expuso el alegato final de su defensa, donde pidió a los magistrados que integran la Primera Sala Para Reos en Cárcel que lo absolvieran por falta de pruebas, a él y a otros acusados, de los delitos que se le imputan.

"Solicito se me absuelva junto a mis coprocesados de los delitos penales imputados por el fiscal porque no se han acreditado con pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia y quiebre la duda razonable respecto a nuestras responsabilidades", expresó.

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A través de una videoconferencia desde el penal de Challapalca, en Puno, Orellana se defendió en el proceso que se le sigue por haber emitido a través de cinco cooperativas creadas por su red criminal cerca de 300 cartas fianzas que sirvieron para respaldar ilegalmente obras públicas entre los años 2007 y 2014.

Orellana argumentó que no actuó ilegalmente al formar cooperativas para avalar obras públicas, pues la Ley de Contrataciones del Estado no prohíbe expresamente a las cooperativas emitir cartas fianzas para entidades públicas.

Sin embargo, para la Fiscalía, Copex y demás cooperativas de Orellana no podían emitir cartas fianzas por no encontrarse bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Rodolfo Orellana es acusado por el titular de la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima, Luis Gonzáles, de los delitos de asociación ilícita para delinquir, estafa, contra la fe pública y falsa declaración en procedimiento administrativo, por lo que se ha pedido que sea condenado a 12 años de prisión.

Por su parte, el abogado de la Procuraduría Especializada en Delitos Contra el Orden Público, Luis Casaverde Reyna, solicitó la suma de 15 millones de nuevos soles como reparación civil por los graves daños y perjuicios ocasionados al Estado.

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