“Maranguita” y los jóvenes, futuro incierto

Sigrid Bazán

Ayer conversé con un grupo de chicos que hacen labor social en ‘Maranguita’. Sí, ese lugar al que muchos hemos llamado “centro penitenciario juvenil” alguna vez. De hecho, si googlean la palabra van a encontrar que el primer resultado dice: “Cárcel Maranguita”, cuando no es ninguna cárcel. Estamos hablando del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y lo que hay ahí son adolescentes en conflicto con la ley penal. Adolescentes que, en muchísimos casos, buscan a gritos una segunda oportunidad.

Algunos países de la región han considerado que endurecer las penas para los más chicos es la principal solución contra la delincuencia. Solo en el caso de Brasil, durante el 2015, se establecieron sanciones de hasta diez años de cárcel, cuando el máximo permitido era hasta entonces, en ese país, de tres años. ¿Ha solucionado o ha permitido alguna baja significativa en los índices de criminalidad? La verdad es que no. Este tipo de medidas inmediatas no solucionan ningún tema de fondo, menos el de la violencia.

Ahora, ¿por qué tocar este tema? ¿Acaso se trata de defender a quien ha delinquido? No. Se trata de replantear el concepto que tenemos de quien comete una falta, sobre todo cuando hablamos de los más jóvenes. No estamos hablando de casos perdidos, estamos hablando de seres humanos que deberían tener aún mayores oportunidades de poder reintegrarse a la sociedad.

Actualmente, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación cuenta con un convenio de cooperación institucional con el INPE que ha preocupado a estos jóvenes universitarios con los que conversé ayer, que van como voluntarios a dictar talleres a este centro. Temen que el trato que se les dé sea el mismo que se da a los criminales de los centros del Instituto Nacional Penitenciario. Y así será si seguimos con el chip de tirar la toalla con estos jóvenes, si seguimos pensando –equivocadamente– que necesitamos más cárceles que escuelas.

En enero de este año se publicó en El Peruano uno de los decretos legislativos –producto de la delegación de facultades al Ejecutivo– que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Hay, ciertamente, cosas interesantes cuando integramos enfoques distintos para la aplicación del Código Penal en el caso de menores. Se suma el enfoque de género (como para que algunos sigan renegando, ¡bien hecho!) junto al de derechos, de interculturalidad, de discapacidad, entre otros.

Sin embargo, hay muchos pendientes. ¿Qué hacemos por educar mejor a los jóvenes, a quienes los políticos en campaña denominan “el futuro del país”? ¿Qué hacemos para sacarlos del círculo vicioso de la delincuencia? Si pequeños voluntariados pueden hacer la diferencia, ojalá instancias como el propio Congreso también logren salir de la rutina y empiecen con estos temas.

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