cultura de la sospecha

El efecto económico de la investigación Lava Jato.

Un riesgo relevante de este año y, en general, de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, es que su gobierno acabe paralizado como consecuencia de las secuelas de los escándalos de corrupción Lava Jato, y se convierta en un lame duck prematuro antes de su primer año.

Los destapes de los acuerdos de colaboración de las constructoras brasileras con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza llegaron cuando el gobierno de PPK aún busca un esquema de relacionamiento político para hacer viable su mandato, y cuando la economía se sigue enfriando por la contracción de la inversión privada, el empleo y el consumo.

Justo cuando se lanzó el paquete de decretos legislativos, que no es reactivador pero mejora el clima de negocios por ayudar a destrabar la inversión, llegaron las noticias de Brasil.

Las investigaciones de los sobornos pagados en el Perú por las constructoras brasileras se deben llevar a fondo, caiga quien caiga, pero es obvio, también, que estos procesos van a tener un impacto negativo en la perspectiva económica del país.

La postergación del gasoducto implicará poco menos de un punto porcentual del PBI, pero el efecto en la producción puede ser mucho mayor.

Esto se explica por la fuerte caída en la confianza empresarial y el desgaste del sistema político que implicarán –como ya está ocurriendo– los destapes de corrupción.

Es probable que los procesos fiscales y judiciales vinculados a estos casos de corrupción se desborden afectando la estabilidad política y la evolución económica.

Esto podría ocurrir, específicamente en el terreno económico, porque ello va a implicar un incremento de la incertidumbre que va a postergar, en el sector privado, las decisiones de inversión y consumo, y en el sector público, va a introducir una gran lentitud en las decisiones gubernamentales sobre licitaciones, concesiones o adendas a contratos.

Los procesos en marcha ocasionarán una pérdida de prestigio de las concesiones y asociaciones público-privadas, creando las condiciones para que se refuerce el papel del Estado en las obras de infraestructura.

Cualquier proyecto de inversión que enfrente una decisión ‘opinable’ va a tener dificultad para ser aprobado. Asimismo, cualquier proyecto podría ser detenido por absurdos como que, por ejemplo, ‘la prima del ministro trabajó en un estudio legal que dio servicios a Odebrecht’.

La cultura de la sospecha se ha instalado y la desconfianza extendido, y ello afectará las decisiones económicas y el clima de negocios en el país.

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