Ejército y Policía toman posesión del distrito de Tumán para restituir el orden público y la paz social

Estado de emergencia. Son 30 días que las fuerzas del orden y militares custodiarán la azucarera, luego de los enfrentamientos por la disputa de la administración de la empresa que dejaron cerca de 50 heridos y 13 detenidos. Los trabajadores se oponen a la disposición de la PCM y anuncian que desobediencia civil continuará en otras localidades.

14 Jun 2017 | 4:10 h

Con los primeros rayos del sol y en medio de una tensa calma, ayer los tumaneños se convirtieron en los protagonistas principales de un nuevo capítulo que se escribe en la historia del conflicto social desencadenado por la disputa de la administración de la azucarera. Esta vez el mensaje es restituir el orden público y el desenvolvimiento de las actividades productivas con la Policía Nacional y el Ejército.

Con el Decreto Supremo N.º 064-2017, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró en estado de emergencia al distrito de Tumán (provincia de Chiclayo) por el término de 30 días, tras los actos de violencia registrados en las últimas semanas. El saldo fue cerca de 50 heridos y 13 detenidos, en su momento.

Desde 1969 con el régimen militar de Juan Velasco Alvarado -quien estableció la reforma agraria e inició el proceso de la transformación de la propiedad del suelo agrícola en el Perú y, por ende el cooperativismo cobró vida, para luego ceder la posta a las sociedades anónimas-, es la primera vez que se dicta este tipo de medidas en las azucareras del norte del país.

Son más de 38 mil habitantes los que deberán someterse al estado de emergencia, el que suspende el ejercicio de cuatro delitos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

“No imaginamos esta situación, hay un clima de temor, pues nunca habíamos visto tantos policías y soldados. Perdí a mi hijo a causa de los intereses de un grupo empresarial que en diez años no hizo nada por Tumán”, expresó entre sollozos Norma Witte de Farro, quien sigue un proceso judicial por el asesinato en el 2015 de su hijo Percy Farro Witte.

Lo cierto es que son más de 300 efectivos del orden y 150 soldados los que han tomado posesión de la azucarera. “Las órdenes están dadas y deben respetarse”, sentenció el jefe de la II Macrorregión Policial del Norte, general PNP Jorge Pérez Flores.

Rechazan emergencia
La zozobra y la incertidumbre ronda en Tumán. El clásico color verde militar es lo que predomina en las calles. Los soldados de la Sétima Brigada de Infantería se desplazan por el parque, custodian el ingenio azucarero, la factoría y las diferentes arterias del distrito ante la mirada atenta de los lugareños. Hombres y mujeres, con su documento de identidad en la mano caminan con cuidado en el lugar que los vio nacer. En tanto, un contingente policial informa al pueblo que están prohibidas las reuniones.

“No nos exigen el DNI (Documento Nacional de Identidad), pero debemos estar preparados. La Policía debe saber que no somos delincuentes”, afirma una madre de familia.

En horas de la mañana, los trabajadores que respaldan a la administración judicial designada por un juzgado de la Corte Superior de Amazonas protestaron pacíficamente contra esta medida. “No la aceptamos, nos responsabilizan del conflicto social, lo cual no es cierto. Nos arrebataron por años la empresa y ahora el cuarto directorio del Grupo Oviedo fue reinstalado por la jueza Liz Fabián”, sostiene Alejandro Zevallos Gonzales, presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de Tumán.

“Con el estado de emergencia se favorece al Grupo Oviedo, hay presunta injerencia fujimorista”, asevera, para añadir que la desobediencia civil proseguirá en jurisdicciones cercanas a Tumán, como son Pomalca, Pátapo y Chiclayo.

Afirmó que las pérdidas en casi 50 días de protestas ascienden a 60 millones de soles.

Labor defensorial
Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, se reunió en Tumán con las autoridades policiales y los accionistas a quienes escuchó, para luego dirigirse al anexo Calupe, debido a la denuncia por el corte de caña que supuestamente es trasladada a la empresa Pomalca, también administrada por el Grupo Oviedo.

A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo instó a los actores del conflicto social a contribuir con un final recíproco y pacífico y solicitó al Directorio que preside Wigberto Cabrejos informar el resultado sobre la propuesta económica de pago de las remuneraciones a los trabajadores.

Al mismo tiempo, requirió al Ministerio Público efectuar una pronta investigación para determinar si en la empresa Tumán y en su entorno existe la posesión de armas de fuego, y de ser así se disponga lo necesario para impedir su uso. Por último recomendó a la Policía ejercer su mandato constitucional de restablecer el orden público.

En este vaivén de hechos el desenlace aún es incierto.

Autoridades saludan medida
El fiscal de Prevención del Delito, Paúl Sánchez Díaz, constató las condiciones de la azucarera por el estado de emergencia.

A su turno, el abogado del Grupo Oviedo, Carlos Isla Montaño, invocó a la calma de los trabajadores y dijo que ya es tiempo que las administraciones judiciales terminen para la instalación de la junta de accionistas, la que se programó para el 4 de julio próximo.

“Se espera la reincorporación de los trabajadores, no hay hostilizaciones”, subrayó e informó que de 2,500 trabajadores, el 25% cumple sus labores.
El gobernador regional Humberto Acuña y el prefecto Rafael Aita saludaron la declaratoria del estado de emergencia. Mientras el congresista Marvin Palma dijo que dicha disposición no significa la solución del problema.

CLAVE
El gerente regional de Educación de Lambayeque, Ulises Guevara, manifestó que la declaratoria de emergencia debe ayudar a normalizar las labores en las instituciones educativas del distrito tumaneño. El Frente de Defensa de Lambayeque (Fedel) exigió el levantamiento de la emergencia.

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