Eliminan obligatoriedad del arbitraje institucional en la contratación pública

Retroceso. Consejo Privado Anticorrupción advierte que este tipo de arbitraje era un gran paso en lucha anticorrupción.

18 May 2017 | 1:05 h

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) mostró su preocupación frente al dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, por el que se eliminó la obligatoriedad del arbitraje institucional en la contratación pública.

El Proyecto de Ley N° 1206/2016-CR, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República el pasado 4 de mayo, propone la derogación de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, que era un importante avance en la lucha contra la corrupción.

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Según la Comisión de Constitución, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, ya que constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista al imponer que la solución de controversias se defina mediante una modalidad de arbitraje específica.

"En el CPA consideramos que la propia Constitución permite al Estado establecer la mejor regulación posible para la resolución de sus controversias contractuales en aras de cautelar su patrimonio, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos y que debe protegerse el interés general; razón por la cual con el Decreto Legislativo N° 1341 se estableció como mecanismo de solución de controversias el arbitraje institucional para las contrataciones públicas", indicó la entidad en un comunicado.

Debe resaltarse que dicho decreto recogió la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que señalaba que el arbitraje en materia de contratación pública debería ser únicamente institucional, tomando en consideración las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad, y los numerosos casos de arbitrajes ad hoc que han resultado perjudiciales al Estado.

"En el mismo sentido, mostramos nuestra preocupación por el Proyecto de Ley N° 1088 que se debate en la Comisión de Justicia, pues afectará seriamente el arbitraje institucional debilitando las funciones que tienen las instituciones arbitrales para regular su nómina de árbitros y dejando abierta la posibilidad de legitimar en un arbitraje institucional a árbitros cuestionados éticamente y moralmente, que no cumplirían con los filtros y estándares que las instituciones arbitrales establecen", indicó el CPA.

Añadió que al Congreso de la República debe garantizar la máxima transparencia en el sistema de contrataciones del Estado en beneficio de todos los ciudadanos y el desarrollo del país.

"Por ello, consideramos necesario e imperativo revertir la situación actual, por lo que solicitamos no se permita el arbitraje ad hoc en la contratación pública", finalizó el comunicado.

Las claves

  • El CPA exhortó a la Comisión de Justicia a que apruebe proyectos de ley que busquen fortalecer el arbitraje institucional, lo cual no se conseguirá con el Proyecto de Ley N° 1088.
  • "Pues generará una regulación innecesaria que solo nos distancia de los estándares internacionales en materia arbitral y no contribuirá a la lucha contra la corrupción", explicó.

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