Empleo y política

Martín Tanaka

Esta semana ha estado marcada por el debate que generó la aprobación de la ley de empleo juvenil. Las reacciones ilustran muy bien las complejas relaciones entre el mundo de los expertos, el político, el del activismo social y el de la sociedad en general. 

No soy experto en temas de empleo, pero precisamente el 17 de setiembre pasado se realizó en la Universidad del Pacífico un conversatorio entre algunos de los expertos más importantes en el tema en el país. El “estado de la cuestión” en estos temas parece aceptar que tenemos un problema con unas regulaciones laborales demasiado rígidas, hablando comparativamente. Según el Reporte Global de Competitividad, las regulaciones laborales serían un problema para los negocios, junto a la burocracia y la corrupción, y por encima de las carencias de infraestructura, la baja educación de la PEA y los niveles de criminalidad. Según Gustavo Yamada, el crecimiento económico de los últimos años habría propiciado el crecimiento del empleo formal, pero la rigidez laboral habría casi contrarrestado ese efecto. Parte del consenso sería también que esa rigidez es consecuencia de una legislación que parece tener como modelo a la “gran empresa”, estándar nada realista en nuestro país. Por lo tanto, correspondería distinguir entre grandes, medianas y pequeñas empresas (mucho más allá de lo establecido por la ley de MYPES), entre lo urbano y rural, y entre adultos y jóvenes. La filosofía sería lograr más flexibilidad para la contratación y el despido, pero más protección durante el periodo laboral y en el tránsito entre trabajos. 

Así, este “consenso” parece considerar que la ley está básicamente bien orientada. Pero es evidente que el sentido común está muy lejos de ese consenso; la experiencia cotidiana sugiere que el empleo juvenil está marcado por el abuso y la explotación, y que las metas de la ley (más empleo con beneficios mínimos) no se cumplirán; más todavía considerando las precarias capacidades de control y sanción de instituciones como la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Digamos que los expertos no son suficientemente sensibles a los problemas de implementación, que son los que la gente percibe cotidianamente. 

Luego está el tema político: la ley se aprueba en el Congreso y se promulga por el ejecutivo sin que haya una política de explicación y persuasión, sin voceros capaces de argumentar a favor de esta. Un gobierno desgastado, acosado por múltiples escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales, generó la oportunidad y motivación para la movilización de un sector importante de activistas, que expresa más la escasa credibilidad del gobierno que los problemas de la ley. 

Al final, el problema de fondo es que esta ley probablemente no cumpla con sus objetivos, al no ser parte de un conjunto de medidas más amplio que busque mejorar la productividad del trabajo, las capacidades de fiscalización y control, entre otras cosas, pagándose así un costo político innecesario.

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