Edición Impresa del 14 de Marzo de 2012

No al colegio de historiadores

Antonio Zapata
Días atrás, la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado el proyecto de ley 637/2011-CR para la creación de un colegio de historiadores. Es la segunda insistencia legislativa, puesto que el año 2009 ya se presentó un proyecto semejante que tuvo que ser retirado. El punto de partida es que los historiadores no hemos sido consultados y una buena parte no estamos de acuerdo. No se entiende por qué los congresistas insisten en leyes que los supuestos beneficiarios ya han criticado.
Para empezar la consulta. La comunidad de historiadores es pequeña; en todo el país, apenas son ocho las universidades donde se enseña la carrera. Fácil es escucharnos porque somos un grupo sencillo de convocar; pero, la Comisión de Educación no lo ha hecho y tampoco lo hizo la vez anterior. Es más, en esta oportunidad, el proyecto es secreto, puesto que la página Web del Congreso deja constancia de su aprobación, pero no lo publica.
Luego los argumentos. El punto principal es la condición abierta de la historia, que se enriquece con la participación de otros profesionales. Se encuentra abogados que escriben sobre historia del derecho y enseñan esa rama en la universidad. Igualmente hay arquitectos que dictan historia del urbanismo y médicos historia de la salud. Incluso en cada pueblo se halla un historiador local, que normalmente es un maestro de escuela. ¿Qué ocurriría con ellos? ¿Se les prohibiría la enseñanza? Eso planteaba el proyecto del 2009, “reservar la práctica de la historia a los miembros del colegio”.
La idea que sólo los colegiados pueden ejercer en historia no se sostiene, porque es una ciencia que se favorece de los aportes de muchos interesados en el pasado. Es más, la figura presente más conocida de nuestra profesión es María Rostworowski, quien es pionera del estudio de las culturas prehispánicas de la costa y maestra del conocimiento actual sobre los incas. Ella tampoco es licenciada en historia, ni siquiera ha estudiado en la universidad, es autodidacta y, por mérito propio, ha llegado a ser la número uno de la profesión. ¿Está seguro el Congreso de la conveniencia de una ley que le cerraría –a la líder de nuestra comunidad–el derecho de trabajar en historia o enseñar el oficio?
El otro argumento es que los historiadores no cuentan con una organización que los agrupe, a diferencia de otros profesionales. Este punto es correcto, el problema es que se plantea una solución equivocada creando una organización corporativa, como un colegio. Es decir, los historiadores podemos organizarnos de maneras más creativas. Por ejemplo, estamos habituados a formar instituciones de investigación que organizan seminarios y congresos. En todo el país, estas instituciones se sostienen precariamente y afrontan cómo pueden sus labores. Pero, podrían ser fortalecidas en este momento, cuando se conjuga un gran motivo como es el bicentenario, con una cierta disponibilidad de recursos en las regiones, gracias al canon y otros mecanismos.
En vez del colegio corporativo, el Congreso podría crear institutos de historia en cada región y disponer que puedan financiar sus iniciativas con los recursos destinados regionalmente para investigación y educación. Esos institutos deberían nuclear a los historiadores y abrirse a todos los interesados en aportar sus conocimientos a nuestra disciplina. 
Se acerca el bicentenario de la Independencia, que abrirá un largo período de estudios sobre el origen de la nacionalidad y también habrá mucho campo para balances de las realizaciones y límites de la república. En ese sentido, los estudios históricos de los próximos años han de ser cruciales para formar la conciencia colectiva de los peruanos. 
El país del 2050 seguirá siendo educado en los conceptos que se elaborarán entre hoy y el bicentenario, 2021-2024. Por ello, el Congreso bien haría en desechar propuestas corporativistas y abrir campo a instituciones plurales y abiertas, tanto a los interesados como a los nuevos temas que definirán la nacionalidad del futuro.

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