Latifundios a la medida

Mirko Lauer
Las megacompras de tierra agrícola, un tema candente en el Perú, acaban de merecer un acuerdo de la ONU, suscrito por 100 países. El documento, a ser ratificado en la FAO en mayo, es claramente favorable a los negocios agrarios y no habla de extensiones máximas, pero sí busca que los países regulen esas compras, sobre todo bajo la forma de enormes latifundios transnacionales.
 
En su búsqueda mundial de inversiones confiables y seguridad alimentaria, los países ricos de un tiempo a esta parte vienen adquiriendo gigantescas extensiones de tierra en los países más pobres. Los compradores insisten en que esto moderniza y beneficia a los países anfitriones, pero la población de estos, particularmente la rural, no está convencida, y presiona por límites.
 
La cifra conservadora que circulaba hasta el año pasado era de entre 15 y 20 millones de hectáreas compradas por inversionistas extranjeros, sobre todo en África, América Latina y partes de Asia. Muchas de estas tierras vienen de esquemas de propiedad tradicionales, lo cual hace todavía más polémicas las transacciones. De allí la necesidad de alguna forma de regulación.
 
A primera vista lo acordado es agua de malvas. No es ni remotamente una reforma agraria preventiva, y tampoco la propuesta de un límite de extensión como el que se discute en el Perú. Más bien es un autollamado de atención de los gobiernos, con la idea de que, sin afectar el negocio agrícola, empiecen a reglamentar de alguna manera las grandes compras internacionales de tierra.
 
La ONG Oxfam, citada en The Financial Times, da a entender que el problema va más allá de los negocios agrícolas, y que esta forma de acaparamiento configura una forma de neocolonialismo. La parte sombría del asunto está en que algunos gobiernos están simplemente expulsando a los campesinos de sus tierras para luego venderlas a grandes empresas del exterior.
 
El Perú no está en esa situación, y el proceso de concentración de tierras se da en base a extensiones que son comerciales y transadas desde hace uno o dos siglos, entre peruanos y extranjeros. Aquí la preocupación del momento tiene más que ver con el peligro de prácticas monopólicas en algunos cultivos. En principio, ningún agricultor está impedido de venderle sus hectáreas a intereses de fuera.
 
La reforma agraria de 1969 canceló el llamado problema de la tierra como bandera política. Pero en los últimos tiempos la expansión de la agroindustria y las industrias extractivas ha puesto sobre el tapete un problema del agua. El asunto de la extensión ideal de los latifundios es el nuevo horizonte de la polémica agraria, aquí y en el mundo.

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