Emperador de Conga

Mirko Lauer
La Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar el cambio de la designación presidente regional a la de gobernador. Fue una aprobación estrecha (ocho votos de 15) que le augura dificultades a la iniciativa en el pleno. Además promete añadirle leña al fuego de los reclamos regionales, lo último que necesita el gobierno.
 
La idea es que la actual designación promueve entre algunos presidentes una visión inflada de sus competencias en el cargo, que a su vez los lleva a invadir el territorio del gobierno central. Esto se ha dado en un par de casos, como ahora último en Cajamarca, pero de ninguna manera parece ser la norma en un decenio de regionalización.
 
Por el contrario, una queja frecuente alude a presidentes regionales apocados, sin capacidad de pisar fuerte en el ámbito de su propia competencia. La prueba es que los conflictos casi siempre terminan negociados con el gobierno central, con el presidente regional perfectamente desbordado y adosado a uno de los bandos en pugna.
 
La palabra presidente apareció cuando el problema con las regiones era sus pocas competencias. Quizás se estimó que un bonito membrete compensaría eso y ayudaría a que los ex departamentos se tomaran la nueva regionalización más en serio. Con el avance de las competencias el cargo ha cobrado más importancia administrativa, no necesariamente política.
 
Un problema es que gobernador puede resultar una designación con resonancias humillantes para el Nº 1 regional, elegido además. Pues gobernador ha sido por decenios lo que hay debajo de un prefecto. Aun si se le llamara gobernador regional, lo más probable, las regiones se sentirían un poco, o muy, disminuidas.
 
Es cierto que los nombres pueden ser secundarios. Seguramente los gobernadores de Texas o de Minas Gerais, Estados federales con decisivas atribuciones, se sienten cómodos con la designación. Pero en estos tiempos la política local peruana tiene el pellejo muy delgado, y el cambio va a ser visto como una degradación.
 
Dos problemas: uno es que en este caso justos están pagando por pecadores, o incluso por un solo pecador. Pues en la inmensa mayoría de casos los presidentes y la población se han sentido y se sienten cómodos con su ubicación en el organigrama estatal, y no ha estado en su conducta o en sus planes sustituirse al gobierno nacional.
 
El otro problema es la versión de nominalismo (las palabras son las cosas) que transpira el proyecto. No creemos que ser llamado presidente es lo que radicaliza a Gregorio Santos. Si fuera llamado emperador (¿Goyo I?) o emprendedor las cosas serían más o menos las mismas.  

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