PRINCIPIO DEMOCRÁTICO DE LA GOBERNANZA

Gustavo A. Olivares M

Columnista invitado

 

P ara comprender mejor la globalización y sus implicaciones en el sistema internacional, debemos partir por reconocer la carencia de un principio democrático: el consentimiento para el ejercicio de la gobernanza global. Paradójicamente, este principio se invocó y practicó durante buena parte del ‘sistema internacional (europeo) medieval’, que era un orden papal donde los conflictos internacionales se resolvían por intervención judex omnium del Papa, o del emperador del Sacro Imperio Romano. En este orden, el derecho canónico hacía las veces de derecho internacional, y los conceptos de soberanía territorial y de Estado-nación eran inexistentes. El desarrollo de una normatividad internacional fuera del derecho canónico era inconcebible. No obstante, el cambio gradual se produjo gracias al despunte del espíritu asociativo que emergió en Europa a partir del siglo XIII, a la aparición de la burguesía, al florecer de las ciudades-Estado, y al redescubrimiento de los principios, reglas y normas del derecho romano.

Entre estos principios, la regla quod omnes tangit (QOT) tuvo un desarrollo notable desde su formulación inicial en derecho procesal del Código de Justiniano (531). Esta fórmula se convirtió gradualmente en una ‘máxima’ en el campo de los derechos público y privado, civil, canónico, fiscal y militar, doctrinal y positivo, y fue muy difundida en la literatura jurídica y política de países como Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania y Hungría. Posteriormente, se reflejó en los Decretales de Inocencio III y de Gregorio IX, y se consolidó como regla jurídico-política del ‘sistema internacional’ cuando Bonifacio VIII la incorporó en la regla N° 29 de la colección De Regulis Iuris (Libro Sexto de las Decretales, 1298). A partir de entonces se apeló a la máxima QOT como principio político para resolver asuntos de interés común, y en particular para determinar la voluntad al interior de los entes colectivos.

A nivel internacional, en diversos acontecimientos histórico-políticos en Italia, Inglaterra, Alemania, España, en las ciudades-Estado se le invocó de manera formal. Bracton, el más importante autor del derecho inglés del siglo XIII, da cuenta que era sistemáticamente empleada en los edictos reales para convocar a las comunidades a participar en el parlamento. De una simple regla de procedimiento, el principio QOT había traspasado las fronteras de los derechos civil y canónico, para establecerse en la esfera del derecho público en donde había tomado mayor amplitud como principio político de valor general, erigiéndose en un principio de derecho constitucional.

Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet (Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado y aprobado) amerita especial reflexión en tanto que principio democrático de carácter sistémico de la nueva gobernanza global, no solo porque alude al “interés de todos” en los asuntos globales, sino porque al igual que en la Europa medieval, nos encontramos con situaciones similares: superposición de jurisdicciones y de regímenes internacionales, caos y confusión sistémicos, fragmentación del monopolio estatal de la normatividad, democracia internacional absoluta y transición de un orden jurídico-político hacia otro no del todo delineado, donde ningún Estado puede reclamar supremacía sobre una jurisdicción global emergente. 

Por consiguiente, resulta enteramente válido analizar la conveniencia de fundamentar y ajustar el proceso globalizador en torno a este principio, así como reconocer su naturaleza regula universalis.

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