Peor que repartija

Acuerdo en TC y DP que debilita la institucionalidad.
 

La buena noticia es que, tras dos años, se llegó a un acuerdo para las designaciones pendientes en el Tribunal Constitucional (TC), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Pueblo (DP). La mala noticia es que el resultado es decepcionante.

Repartija es el comentario más oído en estos días sobre el paquete conjunto de la decena de escogidos.

Es una palabra que tiene un sentido peyorativo que significa reparto desordenado, a la rebatiña, pero el resultado de la negociación ocurrida en el Congreso es peor que eso.
Del resultado se puede concluir que los parlamentarios tienen una pobre interpretación del papel que deben cumplir estas personas que serán (o no) ratificadas y, por tanto, un entendimiento mediocre de la naturaleza de entidades que son fundamentales para la institucionalidad.

Para empezar, como expresión del consenso creciente alcanzado en el país en el terreno económico, las tres personas propuestas para el directorio del BCR –Drago Kisic, Gustavo Yamada y Francisco González– no han merecido cuestionamientos.


Se trata de tres profesionales solventes a quienes no se les percibe conflicto de interés a la vista y que, si esto ocurriera, sabrían resolverlo con honestidad y transparencia.

Ese no es el caso, lamentablemente, en las designaciones para las otras dos instituciones. Empezando por la de Pilar Freitas para la DP. Por un lado, hay cuestionamientos de fondo a su trayectoria que ella debería tratar de responder en estos días.

Pero, por el otro lado, Freitas tiene el impedimento formal de ocupar el puesto de regidora del municipio de Lima que es irrenunciable. Sería lamentable que, para habilitar a la nueva responsable de la DP, se tenga que sacarle la vuelta a la ley con un pedido de vacancia trucho.

Y es en el TC donde el sentido de designación partidaria se vuelve más grave. No es el caso de José Luis Sardón, Ernesto Blume y Francisco Eguiguren (a pesar de que su opinión sobre la –ojalá– ya cancelada candidatura 2016 de Nadine Heredia fue lamentable), pero sí de los oficialistas Víctor Mayorga y Cayo Galindo por su conexión de obediencia con Palacio de Gobierno, así como de Rolando Sousa por su condición de abogado de Alberto Fujimori.

Se comprende que la misión de los políticos es lograr que ‘las cosas se hagan’, entre lo que es posible, y que ello demanda acuerdos que implican concesiones con resultados que no siempre son satisfactorios.

Pero el papel de un periodista es distinto y consiste en hacer notar las debilidades y deficiencias del pacto alcanzado. Pues este que se ha negociado para las designaciones pendientes en entidades claves del país es, en su conjunto, decepcionante pues debilita el sistema institucional al deteriorar su credibilidad.

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