Oro ‘y/o’ agua

La necesidad de armonizar la inversión con la gente

Como si hubiera estado aguantada durante los primeros cien días del régimen actual e, incluso, desde el tiempo de la campaña electoral, la conflictividad social reapareció con fuerza en el día 101 mediante el estallido de expresiones de descontento en varias regiones y que, de diferentes modos, se vinculan a la minería, estableciendo una agenda que el gobierno debe encarar con urgencia.

En Cajamarca la tensión es por el proyecto de Minas Conga, el emprendimiento inversor más importante del país. En la región no quieren más concesiones mineras, un pedido que es respaldado por el presidente regional.
 
En Apurímac también se solicita el cese de toda actividad minera. Al igual que en Cajamarca, preocupa el impacto de la minería sobre el agua.
 
En Áncash hay varias protestas que se originan desde por supuestos incumplimientos de los compromisos de responsabilidad social de las mineras, hasta por ciudades que quieren ingresar al mapa de influencia que recibe dinero del canon.
 
En Tacna, el reclamo es contra Southern, mientras que desde Arequipa, el presidente de la región, Juan Manuel Guillén, solicita que las autoridades regionales tengan más peso en los estudios ambientales. Y en Madre de Dios, la protesta es contra la minería ilegal que depreda la zona y afecta a su población.
 
Por angas o por mangas, hay una convulsión en marcha que es parte de los 217 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo en octubre, conformando un escenario que puede ser creciente y poner en jaque al gobierno y al país.
 
Una protesta generalizada y violenta puede desestabilizar al presidente Ollanta Humala así como detener la inversión minera y, con ello, afectar el cumplimiento de las importantes metas sociales planteadas para el lustro, pues de algún lado tiene que salir el cuero para las correas.
 
Los empresarios mineros interpretan que hay una conspiración en su contra pero, según una encuesta reciente de Datum, el 73.8% de los peruanos cree que la protesta se justifica.
 
El presidente Humala, quien se paseó durante la campaña electoral por las zonas mineras preguntándole a la gente qué prefería entre oro o agua, ahora enfrenta el gran desafío de armonizar la necesidad de promover la inversión minera con la necesidad de asegurar que los ciudadanos de esas áreas se beneficien participando directamente del progreso asociado a estos proyectos sin que se perjudique el medio ambiente en el que viven.
 
Es decir,  oro y agua. La armonización de ambos intereses cruciales requiere claridad conceptual del gobierno, y que este empiece a hacer política de a verdad, –es decir, gobernar–, mediante la recuperación de la confianza perdida en la ciudadanía.

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