Edición Impresa del 12 de Diciembre de 2013

El vaso medio lleno

La historia no se congela. Las cosas evolucionan - o regresionan -, según se les mire, y no quedan entumecidas en el tiempo. Una visión objetiva de los procesos es indispensable para que las acciones o contribuciones de cada cual se den sobre datos de la realidad y no sobre visiones distorsionadas de la misma. En esa perspectiva, hay evoluciones importantes que se vienen produciendo en América Latina que es bueno detectar. Parte de esa evolución se vienen dando en el terreno de la democracia y los derechos humanos.

Este comentario es oportuno porque esta semana se ha conmemorado el 65º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y porque en ese día, el martes 10 de diciembre, el premio sobre derechos humanos que las Naciones Unidas entregan cada cinco años fue recibido en solemne ceremonia en la sede de la ONU por la Suprema Corte de México, representada por su presidente Juan Silva Meza. Nunca una institución latinoamericana y jamás una institución pública del mundo había sido merecedora de tal distinción. ¿Han cambiado los criterios en la ONU? O, más bien, algo está cambiando en la realidad que hace que una institución del Estado pueda hoy recibir una distinción de este tipo.

 Hay, por cierto, quienes por miopía o intereses propios alimentan una lógica ahistórica. Que pretendiéndose “progresista” o “liberal” es, en realidad, profundamente reaccionaria.  Portadores de un discurso monocorde y repetitivo ven – y viven de - una realidad latinoamericana que pintan monocolor. Por lo que igual pueden emitir en el 2013, el 2003 o 1993 un “informe” sobre México, Perú o cualquier otro país. Porque, en esencia se repetirá un enfoque semejante y monocorde. Sólo hay que cambiar el nombre del país, las fechas y algunas cifras. La realidad, felizmente, no es monocolor. Ni está a la espera de que algún  personaje autopremunido de facultades policivas otorgue insolente nota “aprobatoria” o “desaprobatoria” sobre lo que ocurre en un país.


Estoy terminando a fin de año el segundo período que me fue confiado por los jueces como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de cuatro años en esta responsabilidad, he podido vivir de cerca - y día a día -una rica evolución que da cuenta que las cosas se mueven y que, contrario a los derrotistas estructurales, el vaso está medio lleno y no vacío. Por cierto que todo ocurre en un panorama de claroscuro. En el que muchos de los dramas y contradicciones de nuestras sociedades están “vivitos y coleando”. Pero se mueven algunas cosas, en la buena dirección y en varios planos.

Primero, uno crucial: la gente y el vigor de la demanda democrática. Cada vez más gente tiene conciencia de que puede recurrir a un espacio internacional si agotó su reclamo en el derecho interno. Asuntos que hace poco tiempo hubiera sido inimaginable que llegaran a un tribunal interamericano, han sido recibidos y resueltos, con solidez e independencia, en los últimos dos y tres años: discriminación por orientación sexual, inversión en tierras y territorios indígenas y consulta previa, acceso a información en manos del Estado, métodos de fertilización asistida, etc.

Segundo, que la jurisprudencia del tribunal interamericano sobre temas fundamentales se ha consolidado y desarrollado. Y encuentra, además, un terreno positivo de cumplimiento por los Estados concernidos: obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos, debido proceso y los derechos de los pueblos indígenas. O la jurisprudencia reiterada – y unánime – en firme protección de la libertad de expresión, pero en armonía y ponderación con el derecho a la honra y a la facultad de quienes se sintieran afectados de usar los medios judiciales disponibles para su defensa.


Se han dado algunas distorsiones interesadas acerca de un caso de libertad de expresión resuelto recientemente por la Corte. Contra ese discurso sesgado, hay que recordar que la Corte reiteró por unanimidad, en ese caso reciente sobre Argentina,  la tesis de que las personas afectadas en su derecho al honor pueden recurrir a los medios judiciales, incluidos los penales en determinadas circunstancias. Y que la Corte nunca ha establecido en su jurisprudencia que  el uso medios penales chocan, per se, con las normas internacionales.
Tercero, que la justicia interamericana dialoga. Con la gente y con las instituciones nacionales, especialmente las judiciales.  En lo que hemos llamado “diálogo jurisprudencial”, se impulsa una viva interacción entre lo que se hace en el tribunal interamericano, por un lado, y lo que hacen los tribunales nacionales, por el otro. El llamado “control de convencionalidad”, vale decir la construcción de las sentencias nacionales en armonía con los criterios contenidos en las sentencias de la Corte Interamericana, es una clara expresión de ello. Y en ese curso, la Suprema Corte de México ha sido especialmente clara y firme.

La distinción a ese alto tribunal interamericano la debemos interpretar como un reconocimiento a lo que muchos miles de personas el Latinoamérica vienen haciendo por afianzar nuestra democracia y los derechos de la gente. El panorama es multicolor y alentador. Realidad, pues, plural, rica y dinámica. Alejada, de la monocorde y estática que, felizmente, sólo existe en quienes, como el avestruz, no quieren o no pueden ver la realidad.
 

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