Por Augusto Álvarez Rodrich
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Un torpedo del gobierno contra el periodismo

Si el proyecto de ley N°2993/2008-PE –enviado por el Ejecutivo al Congreso– hubiera estado vigente hace cuatro meses, Rómulo León y Alberto Químper estarían hoy felices de la vida, varios periodistas ya estarían presos y quizá esta columna habría llegado desde un email con sufijo @sanjorge.com.pe.

El gobierno quiere modificar el código penal para elevar la pena de cárcel al que, de manera ilegal, interfiera con las comunicaciones privadas. El ‘chuponeo’ es un delito que, sin duda, debe estar penado con todo rigor, aunque la conveniencia de elevar el castigo previsto actualmente sea algo controversial.

El ministro Ántero Flores-Aráoz, por ejemplo, se ha distanciado de esa propuesta por encuadrarla en el facilismo de, ante cualquier problema, endurecer la pena, rompiendo la organicidad del código penal y sin alcanzar el efecto disuasivo.
Pero si lo anterior es controversial, hay otra parte del proyecto de ley del gobierno que es indudablemente inaceptable por ser antidemocrática y porque fortalece la corrupción.

Es la que dispone la penalización del uso de la cámara oculta, o el envío a la cárcel a quienes –como los periodistas– reproduzcan o difundan material como un ‘petroaudio’.

El proyecto es una secuela de la amenaza lanzada el domingo antepasado por el presidente García, cuando les dijo a los reporteros que, cuando alguien tiene una denuncia, debe ir a la fiscalía si no quiere meterse en problemas con la justicia.
Esto revela la preocupación principal del gobierno en el momento actual. ¿Se han revisado, acaso, las normas vinculadas a la gestión de intereses privados por parte de los funcionarios? ¿Ya se dio alguna disposición para que cualquiera que ejerza el premierato no pueda meterse cinco veces en la suite de un empresario para hablar de negocios con el Estado?

No, eso no se ha hecho. Lo que sí se ha hecho, en cambio, es este proyecto que no es otra cosa que una venganza a los que difundieron los ‘petroaudios’, y una advertencia a los que, en el futuro, pretendan hacer algún tipo de denuncia similar.

El mensaje que transmite este proyecto del presidente García –con la firma del premier Yehude Simon– es ‘si te metes con mi gobierno, vas preso’. Este exabrupto no es propio de demócratas, sino de autócratas que quieren minimizar la posibilidad del ampay y de la denuncia cuando delinquen.

El proyecto tendrá que ser cambiado, por la presión e indignación de la gente, pero ha servido para revelar la verdadera intención de un gobierno que está muy molesto con el periodismo independiente, pero más desesperado por tapar cochinadas en lugar de extirparlas.