“La mayoría de conflictos no rechaza a la minería”

20 Nov 2011 | 0:00 h

Un mito se derrumba. El daño ambiental que provocan las mineras no es la principal causa de los conflictos sociales en el país. Una reciente investigación del español Javier Arellano, publicada en su libro ¿Minería sin fronteras?, concluye que la mayoría de los conflictos es ocasionada por el crecimiento de la rentabilidad de las minas y, por consiguiente, de los ingresos por canon de las regiones. En otras palabras, la gente no se opone a las mineras. Lo que les exige es que compartan sus ganancias.



El tema de esta investigación se le apareció de súbito. Arellano regresaba a Lima luego de haber pasado la Navidad de 2006 con el líder indígena Santiago Manuin y otros viejos amigos de la comunidad awajún, en Amazonas, cuando un grupo de pobladores bloqueó la carretera a la altura de Jaén para protestar por las exploraciones mineras en su territorio. Al llegar a la capital conversó sobre el episodio con un par de amigos. Obtuvo dos visiones distintas. Uno le dijo que la minería era fundamental para el desarrollo del país. El otro se mostró muy preocupado por su impacto negativo en las comunidades.
 
Fue así que Javier Arellano, investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Bilbao, España), unido al Perú afectivamente desde inicios de los 90, cuando vivió como misionero en la comunidad de Santa María de Nieva, se propuso descubrir cuál era el origen de los conflictos sociales mineros. Entre 2007 y 2010 analizó exhaustivamente bases de datos oficiales (Defensoría del Pueblo, INEI, ONPE, MEF, etc.), entrevistó a más de 200 personas (entre dirigentes sociales, autoridades locales y del Ejecutivo, directivos de mineras, expertos, políticos) y efectuó largas investigaciones de campo en Pasco, Áncash y Moquegua.
 
Su libro ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú (que acaba de ser editado por el IEP, la PUCP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya) es el fruto de este trabajo. Lo que descubrió derriba viejos mitos asentados como verdades absolutas a la hora de explicarnos a qué se debe el descontento de las provincias con la minería (como el que se vive por estos días en Andahuaylas, Áncash y Cajamarca). El más importante, aquel que dice que la principal causa de los conflictos mineros es el rechazo de las poblaciones a la minería por el temor a que destruya su medioambiente.
 
 
–Muchos pensamos que el temor al daño medioambiental que podrían causar las mineras era la principal razón de los conflictos mineros. Según su investigación, no lo es.
 
–Es una de las razones y es una razón importante, pero no es la única, y en el periodo que yo estudio –del 2002 hasta el 2008– esa razón deja de tener peso y los temas de distribución de la minería pasan a ser más importantes.
 
–La distribución de la renta minera se convierte en la principal causa de los conflictos.
 
–Se vuelve central. Los análisis muestran que hasta 2005, 2006, los conflictos se debían a cuestiones de pobreza, y había algunos casos emblemáticos de conflictos medioambientales. Pero a partir del 2006, cuando los precios de los minerales suben y hay más dinero en las zonas mineras, los conflictos mineros se disparan y muchos tienen que ver con la distribución.
 
–¿Cómo surge un conflicto de este tipo?
 
–Hay que entender primero las políticas que se siguieron a inicios de los 2000 para enfrentar los conflictos...
 
–Aquellas que usted llama la Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE).
 
–Así es. A finales de los 90 surgieron un conjunto de conflictos mineros muy importantes –Tambogrande, Quilish, el primer Quellaveco– y la solución a la que las mineras y el gobierno recurrieron fue aumentar el canon minero, con el fin de que las poblaciones entendieran que la minería también les podía traer beneficios.
 
–Esa fue la primera respuesta.
 
–La primera respuesta. Y después, a lo largo de los 2000, lo que siguió fue que las mineras intentaron posicionarse como promotoras del desarrollo. Pero estas políticas son un atajo para no abordar las reformas en serio. Es pensar que se puede solucionar conflictos solo con dinero.
 
La única forma de negociar
 
Lo que Arellano descubrió fue que al ver las montañas de dinero que ganaban las mineras, muchas comunidades consideraron que había llegado el momento de recibir más beneficios de los que habían obtenido inicialmente por sus tierras. Como no había, ni hay, ningún instrumento legal que las ayudara a negociar en condiciones mínimamente equilibradas, recurrieron al conflicto. El investigador descubrió algo más. Se dio cuenta de que mientras más radicalizaban su discurso, y actuaban como si estuviesen totalmente en contra de la minería, más poder de negociación obtenían.
 
Arellano dividió los conflictos en tres tipos. 1) Aquellos en los que la gente rechaza la minería porque defiende su medioambiente, que son los más emblemáticos (Tambogrande, Quilish y, hoy, Conga). 2) Aquellos en los que la gente sí acepta a la minera, pero quiere una mayor participación en los beneficios (por ejemplo, las protestas contra Antamina). Y 3) los que enfrentan a poblaciones versus autoridades, o a estas últimas entre sí, por el reparto del canon minero. Aunque los conflictos del primer tipo suelen concitar la mayor atención de la prensa, los del segundo y tercer tipo son los más frecuentes. “La mayoría de la gente que entrevisté no rechaza a la minería; lo que quiere es que le dé más beneficios”, dice.
 
No exculpa a mineras
 
No fue un trabajo fácil el del experto. Sabía que su traza de “gringo” generaría desconfianza durante la labor de campo así que, para no parecer un empleado de las mineras, decidió viajar en transporte público y hospedarse en alojamientos modestos. Recuerda, entre sonrisas, las largas horas pasadas en antesalas, aguardando a alcaldes de distritos alejadísimos, o en paraderos de taxis colectivos, esperando que el vehículo se llenara para partir.
 
En el camino también se encontró con los prejuicios de algunos amigos, miembros de movimientos sociales, que cuestionaron su tesis porque parecía exculpar a las empresas y sus malas prácticas corporativas. Él les explicó que con su investigación no intentaba confirmar una convicción personal o defender una postura ideológica determinada. Lo único que quería era entender lo que estaba pasando con los conflictos realmente.
 
–¿Qué lecciones deja su investigación?
 
–Uno, que más plata no es automáticamente más desarrollo. Para generar desarrollo se requiere instituciones que regulen el sector, tomarse en serio a la gente, y una presencia del Estado más fuerte. Plata sin Estado, y dejando que las poblaciones se arreglen solas con las mineras, es una receta segura para los problemas.
 
–¿Del 2008 hasta ahora la situación que describe ha mejorado?
 
–No ha habido un cambio muy grande. Los cambios que ha habido en la regulación son muy recientes. El tema de la consulta previa también.
 
–¿Son buenas medidas?
 
–Yo creo que sí. La reforma fiscal traslada a la opinión pública la idea de que el Estado tiene un interés en captar una mayor parte de la renta y eso creo que le da una mayor legitimidad ante la población. Presenta un gobierno que se preocupa más que el anterior por el bien común.
 
–¿Humala está dando los pasos correctos para solucionar los conflictos mineros?
 
–Todavía es pronto para saberlo. Algunas de las políticas, como el tema fiscal, la consulta, van en la buena dirección.
 
Uno de los pasajes más interesantes del libro de Arellano reseña algunos de sus encuentros con ejecutivos de las empresas mineras. Algunos llegaron a admitir que hay compañías que maquillan el real impacto de las operaciones mineras, que amenazan a las poblaciones y que, en general, no las respetan. Un momento curioso fue cuando, en abril de 2010, un funcionario le dijo en privado que esperaba la paralización del proyecto Tía María: “Si el proyecto continúa ciertas compañías mantendrán su manera inescrupulosa de hacer las cosas”. Un comentario excepcional que podría derribar otro mito: ese de que no hay empresario minero que tenga corazón. 

hay más plata pero todo sigue igual

Entre el 2005 y el 2008 los gobiernos regionales y municipales recibieron por canon casi 10 mil millones de soles. Ninguna región en el Perú había recibido tanta plata en su historia. Sin embargo, en ese periodo, analizado por Javier Arellano en su investigación, el nivel de bienestar material y social de la población de las regiones mineras no mejoró significativamente. ¿Por qué?
 
El discurso oficial, dice Arellano, sostenido por el gobierno anterior y por las compañías mineras, culpa a la “ineficiencia técnica” de las autoridades regionales y municipales y a la corrupción. Esa fue la explicación que le dieron empleados del MEF y ejecutivos de mineras y de agencias de cooperación internacional en las numerosas entrevistas que sostuvo con ellos.
 
Pero el investigador analizó la capacidad técnica de las 18 municipalidades más ricas de las tres regiones que estudió (Áncash, Moquegua y Pasco) y la comparó con sus niveles de gasto, y descubrió que un factor no siempre guarda correlación con el otro. La “incapacidad técnica” no necesariamente tiene que ver con un gasto reducido.
 
La verdadera razón de la falta de inversión social adecuada es mucho más compleja y tiene que ver con lo que Arellano denomina en su libro “presiones políticas”.
 
En primer lugar, la desconfianza de la población hacia sus autoridades ocasiona que les exijan que usen de forma inmediata sus recursos. Con la posibilidad de ser revocados pendiendo sobre sus cabezas todos los años, los alcaldes se apresuran en gastar para mostrar resultados inmediatos. La gente también los presiona a hacerlo temiendo que se apropien ilegalmente del dinero o que este, a fin de año, retorne inevitablemente al Tesoro Público.
 
En segundo lugar, el gobierno central y las mineras suelen culpar a las autoridades locales de los conflictos y las conminan públicamente a gastar para solucionarlos.
 
“Lo que vi en mi investigación fue que esos factores llevan a las autoridades a gastar rápido y muy mal”, dice Arellano.
 
Durante el periodo analizado, el canon se gastó poco en inversiones de proyectos sociales y mucho en estadios, monumentos, calles embaldosadas y mobiliario urbano. De esa manera todos parecen estar contentos. Pero las condiciones de vida no mejoran sustancialmente.

 

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