Una historia de ejecuciones

1 Oct 2006 | 18:17 h

La imposición de la pena capital en el Perú ha obedecido casi siempre a situaciones coyunturales y emocionales, antes que a razones jurídicas. Eso es lo que dice la historia de la condena a muerte en el país. Las tres primeras Constituciones incluyeron la aplicación de la pena máxima "solo en los casos que exclusivamente lo merezcan".

LA PENA MÁXIMA EN LAS CONSTITUCIONES • La pena de muerte se aplicó a los criminales, entre ellos a los que violaban y asesinaban, durante más de un siglo, hasta que fue restringida en el año 1979.

Guillermo Lavalle fue fusilado en 1966 por abusar y matar a un niño.

María Elena Hidalgo.

La imposición de la pena capital en el Perú ha obedecido casi siempre a situaciones coyunturales y emocionales, antes que a razones jurídicas. Eso es lo que dice la historia de la condena a muerte en el país.

Las tres primeras Constituciones (1823, 1826 y 1828) incluyeron la aplicación de la pena máxima "solo en los casos que exclusivamente lo merezcan", lo que permitía a las autoridades gozar de un amplio margen de discreción.

Pero más temprano que tarde, hubo una correción: en la Carta Magna de 1856 se abolió la condena a muerte, declarando la inviolabilidad de la vida humana. Por ley no se podía cegar la existencia de una persona. Sin embargo, pronto cambió esta figura.

Idas y vueltas

La Constituyente de 1860 restableció la pena de muerte, aunque estuvo restringida a los delitos de homicidio calificado y por traición a la patria. Fue en el gobierno demócrata de Juan Manuel del Mar.

En 1867, la Constitución volvió a abolir la pena capital, lo que duró solo un año: en 1868, Luis La Puerta Mendoza, jefe del Estado elegido por el Congreso, consagró una nueva Carta Magna que restableció la condena a muerte. Nunca más volvió a ser abolida, porque en las Constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993 se mantuvo, aunque con algunas variantes.

La Constitución de 1920 contemplaba la ejecución de quien cometía homicidio calificado y traición a la patria. Sin embargo, en 1924, una reforma cambió la pena de muerte por la de carcelería indefinida para dichos delitos.

Ejecutados por la pena de muerte entre 1957-1979. Haga click para ampliar.

Sin embargo, una nueva Constitución, redactada durante un régimen convulsionado por la violencia política, restableció las ejecuciones: la Constitución de 1933.

Se aprobó durante el régimen represivo del coronel Luis M. Sánchez Cerro. La pena de muerte se hizo más extensiva: se aplicaba no solo para los delitos de homicidio calificado y traición a la patria, sino también por espionaje, parricidio, violación de menores de siete años, asesinato por lucro, por envenenamiento, fuego o explosión, así como para los casos de robo que culminara con la muerte de la víctima.
mano dura

En aplicación de la norma, en 1957 fue ejecutado Jorge Villanueva Torres (a) 'El monstruo de Armendáriz', por violar y asesinar a un niño de tres años. También fue eliminado, en 1966, Guillermo Lavalle Vásquez (a) 'Pichuzo' por abusar y decapitar a un niño.

Durante la dictadura de los general EP Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980), aumentaron las ejecuciones, en especial contra los que mataban a miembros de las fuerzas del orden.

Los ejecutados

En ese periodo siete hombres fueron ejecutados. Alejandro Lastra Villavicencio y Gerardo Pinto Sulcahuamán fueron ajusticiados por matar a un policía y a un empleado del banco durante un asalto. José Murillo Andrade, de 21 años, fue ejecutado por el asesinato de un detective policial.

Miguel Salazar Valdivia, un obrero de 25 años, fue sancionado por matar a un policía durante el asalto a una tienda, lo mismo que Juan Machare Zapata, Luis Uscuvilca Patiño y Alfredo Benítez Caldas: los dos últimos mataron a un guardia civil durante un atraco a una agencia bancaria.

El último ejecutado fue el suboficial FAP Julio Vargas Garayar, el 20 de enero de 1979, por espionaje. Pocos meses después, se aprobó la restricción de la pena capital, en la Constitución de ese año, a los casos de traición a la patria en tiempo de guerra. Y en 1993, en medio de la dictadura de Alberto Fujimori, se amplió al delito de terrorismo.

Durante el siglo XX, solo los regímenes no democráticos impusieron la pena de muerte.

Cifras

1856 por primera vez se abolió la pena de muerte.

1933 se restituyó la pena para criminales, hasta 1979.

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