Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años

Los hechos. Desde el caso Las Viñas (La Molina, año 2000), en que el investigado debutó como representante de una inmobiliaria, hasta su presunta injerencia en Andahuasi, López Meneses se perfila, ante todo, como un proveedor de efectivos policiales para operativos de desalojo. O, en caso contrario, para frustrarlos.

Edmundo Cruz y Elízabeth Prado

El 18 de febrero del 2000, Óscar López Meneses, entonces operador del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), apareció por primera vez como representante de la inmobiliaria Los Portales en  una diligencia fiscal, en el sector Las Viñas de La Molina. Acompañaba al abogado Francis James Allison Oyague, hoy alcalde reelecto por el distrito de Magdalena.

La verificación y medición de un predio de 30 hectáreas que la inmobiliaria reclamaba como suyo en contra de la opinión de asociaciones de posesionarios, fue accidentada. Una de las reclamantes, Soledad Ramírez Ramírez, emplazó al fiscal y protestó por la presencia del representante de la inmobiliaria, Óscar López Meneses (OLM), a quien calificó en forma agraviante. 

En enero del 2001, OLM huyó a los Estados Unidos, a raíz de los procesos judiciales que se le abrieron por el hallazgo de armas y equipos de chuponeo en sus casas.

Dos años después fue capturado en el país del norte, extraditado a Perú y recluido en el Penal San Jorge, en febrero del 2003. En esta etapa de internamiento penal trabó amistad con el oficial de la PNP Sandro Espinoza Flores. En un año esa relación saltó de lo amical al mundo de los negocios. 

LAZOS PATRIMONIALES

En junio del 2004, Sandro Espinoza, aún en servicio activo, constituyó Maximus Protectum Asesores SAC. Tres años más tarde ésta se convirtió en  Police Security SAC, la empresa emblemática del grupo.

Le siguen en importancia Non Risk, formada el 2010, y Sweet Land SAC, el 2011, esta última para  actividades y proyectos inmobiliarios.

En ninguna OLM figura como accionista, lo que no convence hasta hoy a las autoridades que lo han investigado.

De hecho, circula un documento notarial, sin sello ni firma, en el que la Junta de Accionistas del 20 de noviembre del 2013 acuerda por unanimidad nombrar a OLM como nuevo gerente general de Non Risk. 

Existen, sin embargo, otros documentos, estos sí formales,  indiciarios de una determinada relación patrimonial de López Meneses con las razones sociales de su amigo Sandro.

En un "Análisis de Bancos" de Police Security SAC (enero del 2013) consta el pago mensual de 540.52 dólares a cuenta del seguro vehicular de OLM. A renglón seguido se precisa el saldo de 11,960 dólares que la empresa resta por ese derecho.

En otra "Rendición de cuentas" con visto bueno y sello de Non Risk se destaca el pago por "Tasa Registro de Contrato Óscar López Meneses", de diciembre del 2013.

Operador de cuidado

Otra vinculación intrigante de las empresas de Sandro Espinoza tiene que ver con el arrendador de su sede central.

Las tres principales empresas del grupo mencionadas hasta aquí, a las que se suman Grupo Empresarial Mirage Perú SAC, Emansa Group SAC e Interzektor SAC, todas ellas del mismo dueño, despachan en la calle Armando Blondet 250, San Isidro. Un inmueble que tiene como propietario al coronel PNP en situación de retiro Manuel Jesús Aivar Marca.

Se trata del colaborador más cercano de Vladimiro Montesinos en materia de seguridad y contrainteligencia, en la década de los noventa.

Del 2007 a setiembre del 2012 la casa estuvo alquilada a Ludith Orellana Rengifo, hermana del abogado Rodolfo Orellana Rengifo, hoy prófugo de la justicia. En adelante, Aivar trató con Sandro Espinoza.

Hoy, el predio está embargado en garantía de la deuda de un millón de soles de reparación que Manuel Aivar Marca debe al Estado. El acusado por  delitos de corrupción solo ha abonado hasta la fecha la suma de 99 mil soles, informó el jefe de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría Anticorrupción, Pedro Chilet.

Caso chiclayo

El 19 de diciembre del 2013, la revista "Velaverde" reveló un atropello violento protagonizado por la empresa Mirage SAC, de Sandro Espinoza, contra el derecho de propiedad de la anciana Esperanza Aizcorbe, titular de un predio de 20 mil metros cuadrados, ubicado en Chiclayo y valorizado en más de 2 millones de dólares. 

La modalidad del despojo acusa características realmente delincuenciales, según relató la revista.

Primero se presionó a la anciana para que venda su propiedad bajo la amenaza de una supuesta invasión de la mafia regional "La Gran Familia". La agresión se produjo, aunque con autoría dudosa.

Esperanza cedió y se deshizo de su inmueble por 70 mil dólares. Ese mismo día, Police Security, empresa también de Espinoza, desalojó a los invasores, y Mirage SAC procedió en el acto a revender el predio a Sweet Land, otra de las propiedades de Sandro.

 "Yo tengo un know how, una plataforma y un equipo que no tiene la señora", argumentó el dueño de las empresas. Y luego no dudó en confesar: "Yo he sido asesor de Javier Musiris (propietario del proyecto La Jolla, al sur de Lima) para recuperar sus terrenos de Asia cuando se peleaba con los Sánchez Paredes". Esto ocurrió en el 2007. 

"Soy asesor del grupo (inmobiliario) Centenario para recuperar sus terrenos", declaró. Y cuando se le preguntó sobre el nuevo propietario de las tierras de Esperanza Aizcorbe, dijo: "Es Sweet Land Peru y se llama tercer comprador de buena fe", apuntó.

Andahuasi secuestrada

Un caso típico en el que la red de Óscar López Meneses hace ostentación de su capacidad para movilizar o inmovilizar a la Policía Nacional en litigios de tierras es Andahuasi.

En 13 de diciembre del año pasado, una sentencia del Primer Juzgado Civil de Huaura (Huacho) que disponía el desalojo de los ocupantes para devolver el predio azucarero al grupo Wong no se ejecutó por "falta de garantías", según argumentó el director general de la PNP, Luis Flores Goycochea. 

Una resolución judicial del mismo caso en el 2009, tampoco había podido efectuarse por similar justificación policial. 

Ahora, el escándalo de la super e inexplicable protección policial  prestada a la casa de Óscar López Meneses ha puesto al descubierto hechos que evidencian su intervención en esos resultados.

Hay fotos del investigado en una fiesta donde aparece abrazado con el general Luis Praelli, ex jefe  de la Sétima Región Policial, la autoridad decisoria de tales operativos. La imagen fue captada justamente en la época que ocurrieron los hechos.

Ha salido a luz la gestión que a mediados del año pasado ensayó Sandro Espinoza para reunir a las partes en disputa –el grupo Bustamante y el grupo Wong– en busca de un arreglo. ¿A cuenta de qué una empresa de seguridad intentó una mediación tal?

Por último, de acuerdo a lo que se lee en el expediente de la fiscal Norah Córdova, el investigado OLM es gerente general de la Empresa Sirius, que ha prestado seguridad a la Minera Volcan. Esta última es una de las empresas que participaron activamente, a través del grupo Bustamante, en la compra de acciones para lograr el control del accionariado de la azucarera Andahuasi.

 

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